Edicion N 668 | 22 de febrero de 2011
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la voz calificada

Debida diligencia: ¿doble trabajo?

Obligaciones

DAISY CHACÓN
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Quizás uno de los temas que está más en boga en el círculo de abogados es la nueva Ley No. 2 de 1º de febrero de 2011, mediante la cual se endilgaron claras obligaciones a los profesionales de este ramo que brindan sus servicios como agente residente de sociedades y fundaciones panameñas.

Esta norma nos lleva a preguntarnos:  ¿Qué implica conocer a un cliente? ¿Cuál es el propósito de estas normativas? ¿Quiénes están obligados a conocer a sus clientes? ¿Qué exigen las leyes a este respecto y a quiénes?

La obligatoriedad de conocer al cliente para cumplir con las obligaciones emanadas de los tratados o convenios internacionales ratificados por Panamá y prevenir el uso indebido de los servicios ofrecidos por los juristas panameños, no es noticia nueva, a pesar de que fue mediante Ley No. 2 de 1º de febrero de 2011 que se establecieron pautas claras y precisas que obligan a los abogados que brindan el servicio de agente residente.
 
Estas medidas exigen a los abogados que brindan estos servicios, que identifiquen apropiadamente a sus clientes, verifiquen su identidad con base en documentos, datos o información  obtenida de fuentes confiables e independientes y más importante aún, conocer el verdadero propósito para el cual se crea la sociedad, fundación o fideicomiso, de manera que pueda proporcionarse esta información a las autoridades competentes, las cuales variarán en cada caso particular entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial, o la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Esta misma obligación se le atañe a los bancos, empresas fiduciarias, casas de cambio o de remesas, financieras, cooperativas, bolsas de valores, centrales de valores, casas de valores, corredores de valores y administradores de inversión, desde el año 2000, mediante la Ley No. 42 de 2 de octubre (reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 1 de 3 de enero de 2001).


Estas entidades también han sido obligadas mediante el Acuerdo No 12-2005 de 14 de diciembre de 2005 sobre “prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios”, a tomar las medidas necesarias para prevenir que sus operaciones y transacciones sean utilizadas para cometer el delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y cualquier otra actividad ilícita, pero solo las enumeradas en el Acuerdo número  12 hablan sobre rendir declaraciones a la Unidad de Análisis Financiero en el evento de sospechas de operaciones fraudulentas.

La diferencia principal entre ambas normas es que en el caso de los bancos y fiduciarias, el alcance de los delitos que permitirán a las autoridades competentes solicitar esta información es de un número exclusivo de delitos, considerados graves y que están plenamente identificados y detallados en los “considenrados del Acuerdo No. 12”.

Tenemos entonces que para constituir una sociedad panameña, una fundación de interés privado panameña y un fideicomiso panameño, el prospecto cliente deberá cumplir con presentar las documentaciones de “conocer al cliente”, al abogado que prepara la documentación y la protocoliza y registra  la entidad; al banco donde se abre la cuenta y en el caso de los fideicomisos, también deberá brindar esta información a la fiduciaria que sirve de tenedora de los fondos.  
 
En la opinión humilde de esta autora, esta ley duplica la responsabilidad de conocer al cliente y las actividades de las sociedades y fundaciones panameñas, recayendo esta en varios actores que dependerá del uso que se le dará a la entidad particular.

 

 
 
 
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