Edicion N 895 | 29 de septiembre de 2015
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LA HAZAÑA QUE SE PROPONE EL MEF



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SHERLY DÍAZ
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PANORAMA. El país ha dado el ‘paso correcto’ en la prevención de conductas lesivas para el sector financiero. LA PRENSA/Archivo

El Gobierno considera  que el país cumplió ya el 100% del plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para prevenir y perseguir el blanqueo de capitales. Y  la  Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros —adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— tiene en sus manos la tarea de  supervisar 16 grupos integrados  por más de 50 mil sujetos.

Durante una rueda de prensa de la semana pasada, el intendente Francisco Bustamante le informó al país que tiene bajo su dirección a 20 funcionarios para  supervisar a los sujetos no financieros, y que espera duplicar esa cantidad  para reforzar la responsabilidad asignada.

Anticipó también que por ahora no podrá hacer  la supervisión en su totalidad, pues   “la estrategia de prevención pasa por trabajar el enfoque basado en riesgo, para hacer lo más eficientemente posible [esta] labor”.

Actualmente la intendencia adelanta  una fase de depuración de una lista de  60 mil empresas, y lleva ya un registro de 40 mil.

El número de sujetos y la manera de ejercerse su fiscalización por parte de la intendencia, a cargo de Bustamante, genera diversas opiniones en expertos en regulación financiera.

Comenta Maruquel Pabón, en su momento comisionada de la extinta Comisión Nacional de Valores, que más allá de la cantidad de empresas que  deben supervisarse, “este es el paso correcto y se debía dar”. La abogada recuerda que solo el sector de la construcción contiene el “20% de la actividad comercial [del país]”.   

Entre los subgrupos empresariales que se propone  supervisar la entidad del MEF se encuentran   inmobiliarias y las constructoras, zonas francas y agentes de comercio exterior, casinos y juegos de azar, actores financieros no bancarios, entidades estatales, actividades de profesionales (Ver recuadro: Grupos bajo supervisión).

La supervisión de los sujetos obligados no financieros es un requerimiento internacional del GAFI, sostiene Juan Iván Rogers, socio de auditoría forense y asesoría BDO Panamá y Centroamérica. “No solo los bancos y las empresas reguladoras tienen esta obligación, sino que hay otros sujetos que siempre han estado en el medio de  los [responsables] de los flagelos de fraude, corrupción y lavado de dinero”, aduce Rogers.

El experto asegura que la autoridad cumpliría con este propósito si logra contar con el recurso humano y la tecnología idóneos, con un enfoque de  auditoría forense y no solo se esfuerza en lavado de dinero, sino también en el fraude y la corrupción.

Maruquel Pabón supone que el reto más importante será la capacitación de los sujetos no financieros, en “una sana tendencia que podemos llamar ‘la nueva forma de hacer negocios”.

En este sentido, el MEF  enuncia en un documento de su autoría  que la Intendencia ayudará a los organismos de supervisión y a los sujetos obligados a establecer medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales y otros delitos, y les enseñará a establecer controles apropiados para su mitigación y fijar medidas para facilitar la cooperación internacional.      

Al respecto, insiste  Rogers, que impedir “estos flagelos” depende de  una regulación completa y adecuada, más una   capacitación óptima de los funcionarios y las empresas obligadas. “Todo esto requerirá de una gran inversión tanto de las autoridades como de las empresas”.

En el corto plazo podrán generarse  costos extras en los agentes ahora supervisados por el MEF. Y este es quizás uno de los temores del comercio y de otros sectores, como el del entretenimiento y la construcción.

“Sin lugar a dudas habrá un costo adicional para estas entidades no financieras que antes no debían preocuparse por el ‘conoce a tu cliente’. ¿Qué tan costosa será? Eso solo depende de la manera eficiente en qué se incorpore el cumplimiento de estos requerimientos como un todo en cada sector”, adelanta Pabón.

La otra inquietud que se cierne sobre las facultades de la Intendencia consiste en su capacidad para contratar personal con la idoneidad pertinente.

“Le puedo constatar que no existe más de media docena de profesionales independientes acreditados en estos temas en Panamá. Y hay una necesidad urgente de entrenar y capacitar personal en estos temas”, advierte Rogers.

La primera etapa de implementación de las funciones de la  Intendencia debe cumplirse en un periodo de siete meses contados a partir del presente mes de septiembre.

Culminará en abril de 2016. El ciclo inicial comprende la habilitación de una página web en el portal del MEF, un análisis preliminar del mercado y la documentación de sus  factores y estadísticas.

La etapa incluye  la formación de “capacitadores” con gremios, asociaciones y otros actores; y contempla el inicio de un plan piloto para determinar un “diagnóstico” de los subsectores en observación.

Repercusiones

Bustamante explica que Panamá maneja todo su sistema financiero a través de bancos, que a su vez reciben o transfieren dinero con   bancos corresponsales, y algunas de estas entidades han reducido sus labores  porque la ley de su país  les exige tener mayores controles, porque Panamá se encuentra en una lista gris.

“Esto le ha causado problemas a algunas instituciones bancarias; algunos clientes también tienen inconvenientes para hacer pagos en el exterior. Y si esto sigue así, puede afectar la inversión extranjera”, asegura el  intendente.

Rogers espera que esta supervisión le traiga ventajas al país, y es un mensaje para quienes hacen negocios en Panamá de que las actividades están reguladas y deben realizarse de forma  correcta.

(Con el aporte de Mireya Rodríguez y Óscar Castaño).

 

 
 
 
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