Edicion N 979 | 06 de junio de 2017
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ASPECTOS DE LA ACTUALIZACIÓN FIDUCIARIA



JURÍDICO

Daysi Chacón Aparicio
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El pasado 10 de mayo se promulgó la Ley 21 que contiene una serie de actualizaciones a las normas que regulan a los fiduciarios y el negocio de fideicomiso.   Esta norma llega 33 años después de la ley y reglamentación originales, por lo que constituye una necesaria modernización sobre el tema. 

El primer cambio significativo a la reglamentación es la creación de dos erogaciones que deberán realizar las empresas fiduciarias en favor de su entidad reguladora y que impactará directamente los costos operativos de las empresas  que realizan este negocio, como sigue:
La tarifa de supervisión y regulación fiduciaria,  que se fija en dos aspectos:
a) Una suma fija de 15 mil dólares para personas jurídicas; y 5 mil dólares para personas naturales;
b) Una suma variable adicional de 100 dólares por cada millón de dólares o fracción de activos fideicomitidos que excedan 100 mil dólares;  hasta por un monto de 30 mil dólares.

Los derechos de inspección fiduciaria que se fijarán posteriormente.

Por otro lado, se exceptúa del trámite de obtención de la licencia fiduciaria a:Los bancos oficiales que ejerzan el negocio de fideicomiso y  las sociedades cuyas acciones sean estatales (quienes no deberán otorgar la garantía obligatoria para los demás fiduciarios).
A las centrales de valores y las administradoras de los fondos de pensiones y cesantías.
Las demás personas autorizadas por ley (por ejemplo, los bancos).

Uno de los aspectos más interesantes de la nueva regulación es la ampliación de actividades que serán sujeto de regulación por la Superintendencia de Bancos, ya que anteriormente estas se circunscribían exclusivamente al negocio de fideicomiso y el de custodia de acciones al portador, pero ahora se amplía a los siguientes casos:Manejar cuentas bancarias y cuentas en plica o llamadas en inglés, escrow account.
Prestar servicios de consultoría financiera.

Actuar como representante con derecho a votar en reuniones de las juntas de accionistas o socios y actuar como representantes de tenedores de bonos y otros títulos valores.

Participar o intermediar en la constitución y/o administración de estructuras corporativas, fiduciarias y fundacionales.
Por otro lado, se incrementa el capital social pagado a la suma de 150 mil dólares  y se prohíbe la reducción de su capital por debajo de este  monto mínimo.  La garantía se mantiene en la suma de 250 mil dólares y se elimina la obligatoriedad de consignar el 10% en depósitos en el Banco Nacional de Panamá o en la Caja de Ahorros.

En cuanto al tema de la regulación, se establece la obligatoriedad de auditar la contabilidad separada de cada fideicomiso y debe estar debidamente acompañada de los sustentos de cada transacción contable.

Una de las principales preocupaciones surgidas por la nueva ley es el acceso que pueden tener terceros contratados por la Superintendencia de Bancos para realizar la labor de inspección fiduciaria, especialmente porque no se ha incluido a estos terceros explícitamente en la confidencialidad administrativa detallada en el artículo 40 de la ley.

En cuanto a  sanciones, se incluyen nuevas multas que se aplicarán a las fiduciarias y oscilan desde 100 mil dólares hasta 1 millón de dólares,  dependiendo del tipo de falla, entre las cuales se menciona:
Rehusarse  a una inspección ordenada por la Superintendencia.

Violación de las disposiciones contenidas en la ley.
Ejercer el negocio del fideicomiso sin la debida licencia.

Por último, se establece como novedad un sistema de atención de reclamos que deberá formar parte del manual de procedimientos de la empresa fiduciaria, en el cual se detallará el conjunto de reglas y procedimientos que contribuyan a la solución de reclamos recibidos por los clientes.

En opinión de la suscrita, esta nueva norma formaliza algunos servicios que ya venían brindando las empresas fiduciarias, lo que refuerza al sector fiduciario en general. Sin embargo, los costos adicionales que tendrán que asumir las empresas fiduciarias, pueden traer como consecuencia la cancelación de las licencias de aquellas empresas fiduciarias que por su volumen moderado, no puedan hacerle frente a dichos costos.
 

ASPECTOS DE LA ACTUALIZACIÓN FIDUCIARIA

 

 
 
 
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